Un nuevo curso escolar se avecina y el cuadro de caos e improvisación que se ha repetido año tras año durante la pasada década se mantiene inalterado.

Este año habrá más de 40,000 estudiantes en horario alterno o ‘interlocking’ debido a que 68 planteles están en proceso de modernización, un número indeterminado de escuelas se convertirán en bilingües o especializadas y el fantasma de la privatización sigue rondando los planteles.

Por otra parte, miles de niños no saben donde estudiarán en lo que esperan por el fin de los pleitos entablados para detener el cierre de sus escuelas de procedencia.

A lo anterior se suma la implantación de cambios mayores en el modo de operar escuelas y nuevos tipos de evaluaciones a maestros y directores que incluyen la participación de estudiantes y padres. “Todos van a ser evaluados”, aseguró a este diario el secretario del Departamento de Educación (DE), Jesús Rivera Sánchez, en días recientes.

Cuatro organizaciones magisteriales han condenado el reglamento que les aplica y aseguran que se diseñó sin consultárseles.



Planteles especializados
El DE ya confirmó que un grupo de escuelas serán transformadas en planteles bilingües o especializados (que combinan currículo académico regular con áreas específicas como deportes, ciencias y matemáticas o bellas artes), pero oficialmente Rivera Sánchez no las ha identificado ni ha dado detalles sobre el cambio.
Mientras, otras escuelas iniciarán proyectos especiales para integrar parcialmente ese tipo de instrucción con miras a luego ser escuelas especializadas.

Ante los anuncios, organizaciones magisteriales han denunciado que el proceso de reclutamiento de estos proyectos ha sido “arbitrario” y ha ignorado las listas de turno en las que han estado maestros transitorios por años.

Mientras, aunque desde febrero el secretario informó que 25 escuelas que llevan más de siete años en plan de mejoramiento -porque sus estudiantes no han mostrado buen aprovechamiento académico- serían transformadas en agosto, tampoco ha dicho cuáles son o si estarán entre estas nuevas escuelas especializadas. Documentos en poder de El Nuevo Día indican que la mayoría serán escuelas intermedias y superiores, y que se encuentran en todas las regiones, excepto la de Mayagüez.

¿Privatización?
Con el nuevo tipo de evaluación y la implementación de cambios a la estructura operacional de las escuelas, líderes magisteriales vuelven a advertir que puede tratarse de una agenda para privatizarlas o convertirlas al modelo “charter”.

Según se les define en el Proyecto del Senado 26, radicado por el senador Roberto Arango el 2 de enero de 2009, “las escuelas charter son escuelas públicas pero independientes del sistema de instrucción pública. Son escuelas públicas de libre elección, las cuales son creadas y operadas por maestros, padres o tutores, líderes comunitarios y empresarios de la educación”.

La medida fue a vista pública el 22 de mayo de 2009 y desde entonces no aparecen más trámites con ella, según información publicada en la página electrónica de la Oficina de Servicios Legislativos.

Con relación a los nombramientos de personal para el año académico que inicia el 1 de agosto, Rivera Sánchez reconoció que debe reclutar a unos 400 directores, pero no proveyó cifras en otros renglones de personal, ni siquiera el de maestros transitorios. Wilkin López, de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, reveló que la agencia necesita llenar, además, 1,100 puestos en ese programa.

Mientras, líderes del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores estiman que faltan unos 300 conserjes, y otros 101 están ausentes por licencia de enfermedad y otras. Además, estimaron en aproximadamente 1,000 los asistentes administrativos que fueron despedidos por la implementación de la Ley 7 y cuyos puestos no se han vuelto a ocupar.

Para algunos actores del escenario escolar, este cuadro es más de lo mismo: caos e improvisación. Ese fue el caso de decenas de maestros entrevistados la semana pasada en las oficinas de la Región de Caguas del DE. Había quienes se disponían a solicitar puestos o a ser entrevistados, después de decenas de solicitudes o entrevistas anteriores este mismo verano.

“Llevo cuatro años ya en el proceso. Se supone que haya un comité (de evaluación), pero en ocasiones no lo hay”, comentó una maestra de Educación para la Familia y el Consumidor que rehusó identificarse.
“Convocan y nos mandan a un piso, y después no es en ese, es en otro”, dijo otra. “Las convocatorias no están llegando a las escuelas ni a los distritos”, denunció una tercera.